Asturias y Castilla-La Mancha, bajo administración socialista, han intensificado sus críticas hacia los «privilegios» asociados a la financiación singular de determinadas comunidades autónomas. Ambas regiones consideran que este sistema favorece desproporcionadamente a ciertas áreas, lo que podría generar desigualdades territoriales. La postura firme de estas comunidades destaca la creciente tensión en el debate sobre cómo se distribuyen los recursos financieros en España, un tema de relevancia en el panorama político actual.
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