La semana pasada, un nuevo proyecto de ley, el H.R. 1526, fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el potencial de alterar significativamente el equilibrio de poderes dentro del sistema judicial del país. Impulsado por el representante Darrell Issa, este proyecto busca limitar la capacidad de los tribunales para emitir órdenes de injunctions a nivel nacional. El proyecto pronto podría llegar al pleno de la Cámara para su votación, mientras que en el Senado, una propuesta similar ha sido introducida por el senador Josh Hawley.
Ambas propuestas tienen como objetivo restringir a los tribunales distritales en la emisión de órdenes de alivio que afecten a personas no involucradas directamente en los casos, lo que ha levantado diversas críticas y preocupaciones. Entre las voces más destacadas en contra de estas iniciativas se encuentra la Electronic Frontier Foundation (EFF), que ha expresado su oposición frontal. Según la EFF, estas medidas representan un intento de limitar el papel del poder judicial como un control efectivo sobre acciones gubernamentales que podrían ser ilegales, como aquellas emprendidas durante la administración de Donald Trump, las cuales algunos organismos y grupos están impugnando actualmente.
Desde el punto de vista de la EFF, el Congreso estaría errando en intentar minar la capacidad del poder judicial para ejercer su función constitucional de pesos y contrapesos. Argumentan que las injunctions nacionales, a menudo, son esenciales para frenar conductas ilegales que tienen un impacto amplio en todo el país, y que, en situaciones donde una injunction podría ser mal aplicada, existe la posibilidad de apelación para su revocación.
El debate también pone en relieve que, ya existen criterios bien definidos para la concesión de estos alivios judiciales, los cuales los tribunales deben sopesar cuidadosamente, considerando factores como la solidez del caso, los daños potenciales, las alternativas disponibles y el interés público. En situaciones donde los tribunales se han equivocado, usualmente se ha debido a malas interpretaciones de la ley, sugiere la EFF.
La organización defiende que si el Congreso desea abordar posibles malentendidos judiciales, debería centrarse en la creación de legislación que reforme o aclare las leyes existentes, en lugar de intentar reconfigurar el sistema de pesos y contrapesos constitucional. Esta tensión legislativa resalta una inquietante fricción en el centro de la gobernanza estadounidense, donde las propuestas no sólo buscan regular la interpretación judicial, sino potencialmente remodelar un pilar esencial de la democracia del país.
