El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha hecho pública la Propuesta de Orden que establece las bases para la concesión de subvenciones complementarias. Estas subvenciones están enfocadas a promover proyectos de renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrarios y forestales dentro del área de influencia del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos, situadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. El propósito es someter este proyecto a consulta pública. Esta iniciativa busca mejorar la eficacia de las ayudas nacionales ofrecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, asegurando así que los beneficiarios tengan los recursos financieros necesarios para mantener y viabilizar las acciones a largo plazo.
Este proyecto es el resultado de un trabajo que comenzó el 10 de octubre, cuando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente informó al Consejo de Gobierno sobre el inicio del proceso de creación de estas ayudas. Su estructura responde al compromiso firmado por la Junta de Andalucía en noviembre de 2023 junto con el Gobierno de España y representantes del sector agrario. Esta alianza refleja un interés creciente por parte de la administración autonómica para fomentar el desarrollo sostenible de Doñana. En concreto, se ha ampliado la contribución regional al Marco de Actuación de 728 a 853 millones de euros, reflejando una voluntad de avanzar hacia la recuperación ambiental de Doñana y su desarrollo social y económico. Hasta octubre de 2025, se han ejecutado más de 477 millones de euros, lo que representa un cumplimiento superior al 65,57%.
Estas subvenciones tienen un enfoque claro hacia la transición productiva en el norte de la Corona Forestal de Doñana. Buscan apoyar económicamente a aquellos que llevan a cabo acciones de restauración ecológica, complementando la ayuda principal con fondos propios de la región. Se espera que esta complementariedad permita afianzar las áreas forestadas, garantizar su mantenimiento y fomentar usos del suelo que sean compatibles con la conservación de los ecosistemas. Así, se asegura la continuidad y efectividad de los esfuerzos económicos, técnicos y ambientales realizados.
La ayuda se destina a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Esta focalización permite responder a las necesidades específicas de las áreas más afectadas por la disminución de las masas de aguas subterráneas en Doñana. Para recibir estas subvenciones, las superficies deben haber sido previamente beneficiadas por la subvención estatal, asegurando así la coherencia y evitando redundancias. La convocatoria sigue un régimen de concurrencia no competitiva, asegurando acceso a los fondos a todos los solicitantes elegibles hasta agotar el crédito.
En cuanto a la cuantía, las ayudas complementarias se establecen en 20.000 euros por hectárea, sumándose a los 70.000 euros proporcionados por el Estado y los 10.000 euros de la Diputación de Huelva. Así, en los cinco municipios cubiertos por el Plan Especial, el apoyo público alcanzará hasta 100.000 euros por hectárea.
El desarrollo de estas bases coincide con un momento clave en la implementación del Acuerdo por Doñana. Andalucía ha adaptado y actualizado este instrumento de forma constante para cubrir las necesidades del territorio, incluyendo acciones de gran valor ambiental y estratégico. Se destaca la adquisición de Veta La Palma y Tierras Bajas, incorporando 8.700 hectáreas a la gestión pública de Doñana, con una inversión que supera los 78 millones de euros.
Se prevé un presupuesto inicial de 24 millones de euros para estas subvenciones, afectando a 1.200 hectáreas. En 2026, se prevén 8 millones de euros para las primeras 400 hectáreas. A medida que el Estado aumente su convocatoria, la Junta reajustará su participación para completar la ayuda estatal, asegurando un respaldo firme durante todo el proceso de restauración.
El texto normativo también incluye facilidades para la tramitación electrónica, reduciendo la carga burocrática y asegurando transparencia y seguridad jurídica, siempre respetando las leyes estatales y autonómicas sobre subvenciones y las normativas europeas correspondientes.
Fuente: Junta de Andalucía.
