El Tribunal Constitucional de España se encuentra en medio de una compleja situación tras aceptar la revisión de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas catalanes, como Jordi Turull y Carles Puigdemont, quienes buscan la amnistía por delitos de malversación. Este martes se produjo un giro inusitado cuando Cándido Conde-Pumpido, presidente del tribunal, anunció que redactará su propia ponencia sobre el caso de Dolors Bassa, separándose de la tradición habitual. Por su parte, José María Macías, del sector minoritario, retiró su ponencia inicial sobre Turull tras el rechazo de siete magistrados del pleno. El resultado de estos debates, que incluye una votación clave el 6 de octubre, podría allanar el regreso de Puigdemont a España sin temor a ser arrestado, pendiente de que Pablo Llarena, magistrado instructor del procés, aplique la amnistía, siempre que el Constitucional aborde adecuadamente la argumentación sobre la malversación. Mientras tanto, Junts, el partido de Puigdemont, mantiene cautela, pidiendo que las resoluciones judiciales sean rápidas y claras. Todo esto ocurre bajo el marco de la Ley de Amnistía de 2024, previamente validada por el Constitucional, que abarca delitos relacionados con el secesionismo desde 2011 hasta 2023.
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