La reciente implementación de la Ley 2/2025 trae consigo cambios importantes en la normativa laboral de España, especialmente en lo que respecta a la extinción de contratos por incapacidad permanente. Con vigencia desde el 1 de mayo de 2025, esta reforma modifica aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social, enfatizando la inclusión y continuidad laboral.
Anteriormente, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez implicaba la terminación automática del contrato laboral. Sin embargo, con la nueva ley, se exige a las empresas buscar alternativas antes de proceder a la extinción del contrato. Esta obligación incluye evaluar la posibilidad de ajustar el puesto o reubicar al trabajador en una posición acorde con sus nuevas circunstancias.
El proceso exige que el trabajador, al ser notificado de su incapacidad, exprese en un plazo de 10 días su intención de continuar trabajando. Posteriormente, la empresa dispone de tres meses para revisar la situación, considerando ajustes razonables o reubicación. Solo si estas medidas no son viables, y representan una carga excesiva para la empresa, se podrá terminar el contrato con la debida justificación.
Los ajustes razonables buscan adaptar el ambiente laboral para integrar a personas con discapacidad, moldeándose según criterios específicos. En empresas pequeñas, con menos de 25 empleados, la carga se considera excesiva si el costo de adaptación supera la indemnización por despido o seis meses del salario del trabajador, excluyendo ayudas públicas.
La reforma ofrece a las empresas no solo un reto, sino también una oportunidad para adoptar medidas inclusivas, documentando cada paso para cumplir con la normativa y prevenir litigios. La Ley 2/2025 avanza en la defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad, promoviendo un ambiente más inclusivo.
Asesorías como Puigverd Assessors se dedican a guiar a las empresas en la adaptación a esta nueva legislación, reforzando prácticas laborales basadas en la igualdad y no discriminación. Así, se fomenta un entorno más justo, abriendo camino a la integración efectiva en el mundo laboral para quienes enfrentan retos de capacidad.
