Una interpretación jurídica establecida hace décadas enfrenta un desafío que podría redefinir el panorama de la privacidad en la era digital en Estados Unidos. La «doctrina del tercero», que permite al gobierno acceder a datos personales almacenados por terceros sin necesidad de una orden judicial, se encuentra en el ojo del huracán debido a un caso clave ante el Tribunal Supremo.
En 2025, la dependencia de servicios digitales es la norma para millones de ciudadanos. Sin embargo, surge una cuestión crítica: ¿a quién pertenecen realmente los datos alojados en la nube? Servicios como Google y Amazon almacenan una inmensa cantidad de información personal, y según el gobierno estadounidense, estos datos no gozan de protección completa bajo el Cuarto Amendamiento.
Esta posición se fundamenta en la doctrina del tercero, una interpretación legal de los años 70 que sostiene que un individuo pierde la expectativa de privacidad al compartir información con terceros. Así, datos alojados en servidores de empresas quedan fuera del ámbito de protección contra registros arbitrarios.
El caso de James Harper, cliente de la plataforma de criptomonedas Coinbase, ha puesto este asunto en el centro del debate. Harper acusó a la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) de violar sus derechos tras acceder a sus registros financieros sin orden judicial, una situación que él alega infringe su privacidad.
Los tribunales inferiores no respaldaron a Harper, basándose en que sus datos pertenecían a Coinbase y, por tanto, estaban sujetos a la doctrina del tercero. Sin embargo, estos principios, fundamentados en una era analógica, parecen desactualizados en el contexto digital actual.
El equipo de Harper argumenta que debería existir una expectativa de privacidad sobre datos financieros almacenados digitalmente. Apuntan al precedente del caso Carpenter vs. United States (2018), donde se requirió una orden para acceder a historiales de localización de teléfonos móviles.
Organizaciones como el Cato Institute han manifestado su apoyo a Harper, alertando sobre los riesgos de mantener intacta esta brecha legal. Según ellas, el gobierno ha utilizado esta doctrina para obtener registros sensibles, lo que supone un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.
La posible revisión de la doctrina del tercero por parte del Tribunal Supremo podría suponer un cambio histórico en la jurisprudencia sobre privacidad digital. Este fallo tendría implicaciones amplias, afectando desde el uso de criptomonedas hasta el almacenamiento de datos médicos y financieros en servicios digitales.
En un mundo donde la soberanía de datos está en el centro del debate global y los avances tecnológicos aumentan los riesgos de vigilancia, el fallo del Supremo podría redefinir el equilibrio entre seguridad y libertades individuales.
