Durante 2024, alrededor de 925,266 estudiantes en prácticas no remuneradas en España han comenzado a cotizar a la Seguridad Social, un derecho instaurado el 1 de enero de ese año como parte de la reforma de pensiones, pensada para mejorar los derechos futuros de los jóvenes. Aunque la cotización está bonificada en un 95%, las universidades españolas han asumido, en su mayoría, el 5% restante que corresponde pagar, lo que ha generado críticas por la carga administrativa. La medida, vista como un éxito por sindicatos y autoridades, se implementó pese a las preocupaciones iniciales sobre un posible «colapso» del sistema. Sin embargo, se espera aún un avance con el Estatuto del Becario, que propone limitar las horas de prácticas extracurriculares a 480 al año y obliga a compensar ciertos gastos de los estudiantes, puntos que han generado resistencia entre rectores y dentro del gobierno.
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