El calendario para la implementación de la factura electrónica en España está tomando forma, a la espera de un reglamento definitivo. La Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas establece un marco que extiende la obligatoriedad de emitir y recibir facturas electrónicas de manera escalonada hasta 2026, según el volumen de facturación de los contribuyentes.
Desde mayo de 2025, las empresas con facturación superior a 8 millones de euros al año tendrán un plazo de adaptación de 12 meses tras la publicación del reglamento. En contraste, las pequeñas empresas y los autónomos dispondrán de un plazo de 24 meses, lo que implica el cumplimiento de esta normativa a partir de julio de 2026.
El reglamento, cuya aprobación es inminente, detalla especificaciones técnicas como el formato estándar de las facturas, la interoperabilidad entre sistemas y los mecanismos de verificación necesarios. Los profesionales deberán utilizar software de facturación que garantice autenticidad e integridad, además de comunicar a la Agencia Tributaria el estado de cada factura dentro de los cuatro días naturales posteriores a su emisión. Sobresale entre las soluciones el sistema VERIFACTU, promovido por la Agencia Tributaria, que permitirá a autónomos y microempresas emitir facturas electrónicas de forma gratuita hasta un máximo de 100 documentos anuales.
El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones económicas de hasta 10.000 euros, especialmente por resistencia a la digitalización o falsificación de documentos. Para facilitar la transición, el gobierno ha habilitado ayudas públicas, como el Kit Digital, destinado a subvencionar herramientas digitales en autónomos y pymes.
En este marco, Redkom ha intensificado su asesoramiento a empresas y trabajadores independientes para adaptar sus sistemas de facturación. Desde su sede en Madrid, ofrece soluciones personalizadas para pequeñas y grandes empresas. La empresa ha actualizado su sección sobre factura electrónica en su página web para reflejar los últimos avances legislativos que impactarán a los autónomos y pymes en toda España.