El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado un paso significativo en la transformación del marco laboral español con la presentación del anteproyecto de ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Esta propuesta, presentada el 20 de diciembre, introduce cambios trascendentales como la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, la digitalización del registro horario y un mayor énfasis en el derecho a la desconexión digital.
Uno de los aspectos centrales del anteproyecto es la reducción de la jornada laboral, una modificación histórica desde las 40 horas semanales establecidas en los años ochenta. Los convenios colectivos deberán adaptarse a este nuevo límite para finales de 2025. Sin embargo, la normativa plantea dudas sobre cómo se ajustarán los coeficientes en jornadas reducidas. En contratos a tiempo parcial que alcancen o superen las 37,5 horas, estos se convertirán en contratos de jornada completa automáticamente. Aquellos con jornadas menores mantendrán su horario, ajustando proporcionalmente el salario.
Además, se establece un registro horario digital obligatorio. Este debe registrar interrupciones y cambios en la jornada, garantizar la trazabilidad de los datos y estar disponible para trabajadores, representantes e Inspección de Trabajo. Sin embargo, la efectiva implementación de esta modalidad digital queda pendiente de un desarrollo reglamentario que aún no tiene fecha, planteando interrogantes sobre accesibilidad y herramientas necesarias para su cumplimiento.
El anteproyecto refuerza también el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, prohibiendo que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario laboral, salvo en situaciones graves justificadas. Esto se sumará a la negociación colectiva y busca resguardar los límites entre la vida laboral y personal, especialmente en el teletrabajo.
En cuanto a sanciones, la reforma de LISOS incrementa las repercusiones del incumplimiento. Las infracciones relacionadas con el registro horario se computarán por trabajador, y las faltas graves en la organización del tiempo de trabajo recibirán severas sanciones, siendo consideradas muy graves aquellas que comprometan la salud y seguridad de los empleados.
El anteproyecto también incluye la prohibición de que la reducción de jornada implique reducción salarial o eliminación de derechos adquiridos. Las condiciones de jornadas reducidas por cuidado familiar y medidas como los ERE se mantendrán hasta 2026, con ajustes salariales proporcionales.
Pese a estos avances, el anteproyecto deja varios puntos a la espera de desarrollos reglamentarios, generando críticas por falta de claridad y diálogo social. Las empresas deberán adaptarse a estas nuevas normativas, especialmente en términos de registro horario y planificación de jornadas. Por su parte, los trabajadores podrían verse beneficiados con un entorno más equilibrado, siempre que la implementación de estas medidas sea eficaz y supervisada adecuadamente.
