En el transcurso del año 2024, el tema de la privacidad y la vigilancia ha estado en el centro de las discusiones políticas en los Estados Unidos, principalmente debido a la renovación y expansión de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Esta controvertida disposición permite al gobierno estadounidense interceptar comunicaciones internacionales, implicando, frecuentemente, a personas dentro del país. Desde que fue implementada en 2008, la Sección 702 ha suscitado preocupaciones significativas sobre la privacidad de los ciudadanos, especialmente por las prácticas del FBI de revisar conversaciones capturadas incidentalmente sin una orden judicial.
El presente año no ha sido la excepción. Tanto los partidos Demócrata como Republicano han colaborado en la reautorización de esta herramienta de vigilancia masiva, vigorosamente reforzada tras la aprobación en abril de 2024 de la Ley de Reforma de la Inteligencia y Aseguramiento de América (RISAA). Aunque se esperaba que incluyera reformas para abordar sus atroces implicaciones en la privacidad, la nueva normativa reiteró y amplió las habilidades del gobierno, permitiendo que la información privada sea usada para evaluar solicitantes de inmigración y asilo, así como en investigaciones de narcóticos.
Uno de los componentes más inquietantes de esta reforma es la definición ampliada de «Proveedor de Servicios de Comunicaciones Electrónicas» (ECSP). Esta redefinición podría obligar a cualquier entidad, desde grandes corporaciones tecnológicas hasta particulares, a cooperar con las solicitudes gubernamentales de datos. En la práctica, esto significa que cualquiera que maneje el almacenamiento o transmisión de comunicaciones electrónicas podría verse forzado a colaborar, extendiendo las herramientas del estado de vigilancia a una esfera aún más amplia.
No obstante, la ampliación de estos poderes viene acompañada de una vigencia temporal de dos años, lo cual estipula que, para la primavera de 2026, se abrirá nuevamente el debate público y legislativo sobre la renovación de la Sección 702. Los defensores de la privacidad y los derechos digitales ya se están preparando para exigir cambios profundos que garanticen una mayor transparencia y restricción de las prácticas de vigilancia masiva, denominadas por algunos críticos como el arma predilecta del Gran Hermano.
