El Gobierno de Mónica García ha avanzado en su agenda de reducción de la colaboración público-privada en el sistema sanitario con la aprobación de una ley que limita drásticamente esta práctica. La normativa establece que la gestión indirecta se permitirá solo de forma excepcional y bajo estrictos controles, lo que el Ejecutivo justifica en una mayor equidad y transparencia. No obstante, críticos advierten de que esto podría restringir la capacidad de elección y ralentizar el sistema. La ley deroga la norma que facilitó la entrada de grandes grupos privados en la sanidad pública y enfatiza la equidad, mientras se subrayan los beneficios de la gestión pública en términos de acceso y resultados de salud. Además, prioriza el sector social en licitaciones y demanda la publicación de indicadores de resultados para todos los centros. El proyecto ahora emprenderá su camino parlamentario para su eventual implementación.
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