El Gobierno ha anunciado un ajuste significativo en la política de jubilación anticipada que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. A partir de esta fecha, aquellos trabajadores que no lleguen a cumplir los años de cotización requeridos para la jubilación ordinaria enfrentarán nuevos límites de edad para retirarse anticipadamente. La modificación establece que quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 64 años y 10 meses para poder acogerse al retiro anticipado. Esto representa un aumento de dos meses en comparación con la edad requerida previamente, que era de 64 años y 8 meses.
Para aquellos trabajadores que sí cumplan con el umbral de cotización de 38 años y 3 meses, la edad de jubilación anticipada se mantendrá en los 63 años, al igual que en la regulación anterior. Aunque los dos meses adicionales pueden parecer un cambio sutil, el impacto financiero es considerable debido a la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen la pensión en caso de jubilación antes de la edad legal.
Este nuevo esquema intensifica la aplicación de estas penalizaciones a través de una reforma reciente en el sistema de pensiones, la cual calcula los recortes de la pensión de manera mensual en lugar de anual. Esto implica que cada mes que un trabajador opte por retirarse antes de la edad legal tendrá un efecto más pronunciado en su futura pensión. En términos prácticos, un trabajador que decida jubilarse dos años antes podría ver su pensión reducida hasta en un 21%.
El cambio tiene un objetivo claro: incentivar a la población laboral a extender su vida laboral. Esto plantea encrucijadas importantes para los trabajadores, quienes deberán decidir entre una menor pensión y un retiro más temprano o prolongar su actividad laboral con miras a asegurar una pensión más elevada.
Por otro lado, los requisitos previos para acceder a la jubilación anticipada se mantienen vigentes. Se requerirá un mínimo de 35 años de cotización, con la condición de que al menos 2 de esos años estén comprendidos dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Estas iniciativas buscan adecuar el sistema de pensiones a las realidades demográficas y económicas actuales, promoviendo la permanencia en el mercado laboral y procurando mitigar el impacto sobre el sistema general de pensiones.
