Más de diez años después de los fracasados intentos del Congreso de los Estados Unidos por implementar legislaciones como SOPA y PIPA, un contingente de legisladores renueva sus esfuerzos para poner en marcha una normativa similar. El proyecto, ahora conocido como «Foreign Anti-Digital Piracy Act» (FADPA), busca conceder a los titulares de derechos de autor el poder de obtener órdenes judiciales para que los proveedores de servicios de Internet (ISP) y de nombres de dominio (DNS) bloqueen por completo sitios web implicados en violaciones de derechos de autor, basándose únicamente en acusaciones de piratería.
Este movimiento legislativo ha encendido una fuerte disputa, reviviendo viejos temores sobre la potencial instauración de un «interruptor de apagado» que podría afectar la estructura libre y abierta que caracteriza a internet. La Electronic Frontier Foundation (EFF) y otras organizaciones defensores de los derechos digitales ya han alzado sus voces en contra, llamando a recordar la oposición pública masiva del pasado frente a intentos de censura en la red.
Las preocupaciones se centran en la posibilidad de que las nuevas leyes provoquen un daño colateral significativo. En la actualidad, muchos sitios web comparten infraestructuras en la nube y direcciones IP, por lo que el bloqueo de uno puede dejar inoperativos a muchos otros servicios no infractores. Además, expertos señalan que los usuarios con conocimiento técnico podrían evadir estas restricciones mediante el uso de redes privadas virtuales (VPNs) o ajustando la configuración del DNS, lo que además podría incrementar el uso de estos métodos en países con políticas de expresión más restrictivas.
La EFF advierte que, aunque el objetivo declarado es luchar contra la piratería, estas medidas podrían fácilmente convertirse en herramientas de censura que comprometan la libertad de expresión y el acceso a la información. Hacen hincapié en que el contexto actual de la industria del entretenimiento es robusto, lo cual hace innecesarias nuevas medidas que represen la libertad digital.
Con el FADPA y otras propuestas legislativas en marcha, la pregunta que se cierne es si el Congreso recordará las lecciones aprendidas de la resistencia pública masiva y las críticas a las iniciativas pasadas. La defensa de un internet libre de censura se convierte en un reto crucial que dependerá del activismo y la colaboración de la ciudadanía para impedir que se repitan los errores del pasado.
