El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso significativo en la regulación del sector turístico de la ciudad al aprobar una normativa que limita la cantidad de pisos turísticos al 10% del total de viviendas en cada barrio. Esta medida, promovida por el alcalde José Luis Sanz con el respaldo de Vox, tiene como objetivo controlar el impacto del turismo masivo que ha generado número creciente de quejas entre los residentes locales.
Los habitantes de Sevilla han expresado su preocupación por las molestias causadas por el aumento de viviendas turísticas, señalando que ha afectado negativamente su calidad de vida. Para abordar estas inquietudes, el Ayuntamiento también planea intensificar el control sobre las viviendas ilegales, implementando acciones como la suspensión del suministro de agua a las propiedades que operen sin licencia, algo que ya comenzó a aplicarse en septiembre.
En particular, barrios turísticos como el Casco Histórico y Triana estarán sujetos a restricciones en la apertura de nuevos pisos turísticos. No obstante, la normativa permitirá ajustes según la situación particular de cada zona.
La oposición, liderada por el PSOE y Podemos-IU, ha cuestionado la efectividad de esta medida, proponiendo en su lugar una moratoria para detener la proliferación descontrolada. Argumentan que el límite del 10% podría ocasionar la creación de hasta 23,000 nuevas viviendas turísticas en áreas periféricas, lo cual, según ellos, resultará en un aumento de los precios del alquiler. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha planteado que la cifra sería mucho menor, estimando un máximo de 7,000 nuevas viviendas.
El Ayuntamiento ha subrayado la importancia de equilibrar la oferta de pisos turísticos para asegurar una convivencia armoniosa en los barrios. Se han introducido otras medidas complementarias, como la instalación de señalización en las áreas más visitadas y el refuerzo de normas de limpieza en lugares icónicos como Santa Cruz.
El sector turístico, representado por la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVA Pro), ha manifestado su disconformidad con la restricción, calificándola de «solución parcial» que no aborda los verdaderos problemas del sector. Han sugerido que, en lugar de limitar el número de viviendas, se debería controlar la cantidad de plazas ofertadas para reducir la masificación, argumentando que las restricciones no deberían ser homogéneas en toda la ciudad debido a las distintivas características de cada barrio.
A pesar de las críticas, el Ayuntamiento sigue adelante con su plan, dando prioridad al bienestar de los habitantes locales y al manejo sostenible del turismo, un desafío compartido con otras ciudades como Mallorca o Málaga, que también enfrentan la creciente presión de las viviendas turísticas.
