El Gobierno español ha implementado una regularización masiva para inmigrantes en situación irregular, permitiendo incluso a aquellos con antecedentes penales regularizarse, a pesar de informes policiales en contra. Esta medida ha generado preocupación entre sindicatos policiales, que critican que los informes policiales no sean vinculantes y sugieren que esta decisión prioriza un enfoque político sobre criterios de seguridad. La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería será el único organismo competente para decidir sobre estas regularizaciones, lo que, según fuentes policiales, compromete la efectividad del trabajo de los agentes y representa un uso inconsistente de los recursos estatales.
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Regularización de Inmigrantes con Historias Delictivas: Un Debate Sobre la Evaluación Policial
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