El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo con Podemos para implementar un proceso de regularización que elude la necesidad de aprobación por parte del Congreso. Este acuerdo permitirá la regularización de personas que puedan demostrar haber residido en España antes del 31 de diciembre. Según estimaciones de Funcas, se espera que esta medida afecte a unas 840.000 personas para el año 2025. Esta maniobra ha generado controversia debido a que omite el consentimiento parlamentario tradicionalmente requerido para cambios significativos en políticas de inmigración.
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