El operador continuará aplicando su actual esquema de indemnizaciones por retrasos, desafiando una ley aprobada en noviembre, al considerar que el Ministerio de Transportes es el responsable de implementar una norma que juzga como discriminatoria. Pese a las nuevas disposiciones legales, la empresa sostiene que no alterará su política de compensaciones, destacando que la normativa impone obligaciones que, en su opinión, deberían ser dirigidas al sector público en lugar del privado. Esta decisión subraya un conflicto entre el operador y las autoridades sobre la responsabilidad de las compensaciones en los retrasos de los servicios.
Leer noticia completa en El Mundo.



