La dimisión de Katrina Armstrong, rectora interina de la Universidad de Columbia, ha puesto al descubierto el tenso enfrentamiento entre la institución y la Administración de Donald Trump por la financiación federal. Armstrong, que asumió tras la renuncia de su predecesora, Minouche Shafik, enfrentó críticas tanto de profesores como de estudiantes, especialmente tras la detención del posgraduado palestino Mahmoud Khalil. La universidad, bajo presión, cedió a las demandas del Gobierno para combatir el antisemitismo, con el fin de asegurar 400 millones en fondos federales. Este conflicto ha desencadenado un boicot de académicos y asociaciones que acusan a Columbia de coludir con la administración para limitar la libertad académica y criminalizar la protesta. Además, varias asociaciones han demandado a Trump por la deportación de estudiantes propalestinos, argumentando violaciones constitucionales. En respuesta a la presión, Columbia ha implementado nuevas reglas en el campus, incluyendo la prohibición de mascarillas en protestas y el fortalecimiento de medidas de seguridad. Mientras tanto, el Departamento de Estado ha revocado las visas de numerosos estudiantes extranjeros involucrados en manifestaciones antiisraelíes, intensificando el debate sobre la represión del discurso crítico en las universidades.
Leer noticia completa en El Pais.