La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, ha resaltado la importancia de fomentar la reparación de dispositivos electrónicos y electrodomésticos en el marco del Día Mundial de la Reparación. Esta iniciativa busca prolongar la vida útil de estos aparatos, promover la economía circular y reducir la generación de residuos electrónicos. Consumo sugiere considerar la reparación como una «cuarta R» dentro de la Regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar), subrayando su relevancia en el impulso de un consumo responsable y sostenible.
La Unión Europea y el Parlamento Europeo han dado un paso adelante en este ámbito con la Directiva (UE) 2024/1799, aprobada en abril de 2024, que fomenta la reparación de bienes. Esta normativa debe ser incorporada por los estados miembros en su legislación nacional antes del 31 de julio de 2026. La nueva normativa garantiza que los fabricantes reparen dispositivos como lavadoras, aspiradoras, móviles y tabletas, entre otros, sin coste adicional o a precios razonables, y en tiempos adecuados. Además, se deberá proporcionar información clara y gratuita sobre los servicios de reparación.
Entre las disposiciones destacadas, la norma extiende la garantía legal a los productos reparados por un año adicional. Aun después de expirar la garantía legal, los fabricantes continuarán teniendo la obligación de reparar. Además, las empresas deben asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos diez años después de que el producto deje de fabricarse.
Durante el proceso de reparación, los consumidores podrán recibir un producto de sustitución temporal o, en caso de imposibilidad de reparación, un bien reacondicionado. La normativa también destaca la importancia de la garantía legal, estableciendo tres años para productos nuevos y dos para servicios digitales. Esta garantía cubre los costes de reparación, incluidos envío, mano de obra y materiales, y requiere una justificación documental del proceso.
Con estas medidas, la Junta de Andalucía y la Unión Europea buscan consolidar el derecho a reparar y establecer un marco sólido para el consumo sostenible y la economía circular, fortaleciendo los derechos de los consumidores y prolongando la vida útil de los productos.
Fuente: Junta de Andalucía.
