En Campos del Paraíso, Cuenca, una comunidad rural se ha levantado en oposición a la instalación de plantas de biometano. Con una población dispersa en cinco pueblos y una economía agrícola centrada en el cereal, los lugareños temen que las nuevas plantas procesen residuos ajenos que contaminen el entorno sin generar beneficios locales. A pesar de las promesas de impulso económico por parte de las empresas, los vecinos desconfían y critican la falta de transparencia en los proyectos, sospechando que el empleo anunciado no se concretará entre ellos. La más avanzada, promovida por ENCE, está en fase de evaluación ambiental y manejará 140.000 toneladas de restos orgánicos, amenazando con afectar los suelos y acuíferos. La plataforma vecinal, respaldada por 40 asociaciones y 1.800 manifestantes, ha recogido 4.000 firmas para frenar estas instalaciones, señalando que se sienten como un «territorio de sacrificio». Mientras tanto, el Ayuntamiento busca regulaciones para limitar la construcción. Los residentes, comprometidos con la transición energética y deseosos de atraer industrias compatibles con el entorno, se oponen a que su comarca sea usada como sumidero de residuos externos.
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