En San Diego, la creciente oposición pública contra el sistema de vigilancia basado en lectores automáticos de matrículas (ALPR) está escalando. La TRUST Coalition, una agrupación que incluye a Electronic Frontier Alliance, Tech Workers Coalition San Diego y techLEAD, ha instado al concejo municipal a poner fin al contrato con Flock Safety, responsable de la instalación de estas cámaras.
Desde la implementación del programa, cientos de cámaras equipadas con inteligencia artificial se han desplegado por toda la ciudad para rastrear el movimiento de vehículos. Aunque se supone que los datos se mantienen un mes, críticos denuncian que la vigilancia masiva no previene delitos y podría dañar la libertad de expresión y amenazar a grupos marginados, incluidos inmigrantes y quienes buscan servicios de salud reproductiva.
Pese a restricciones locales y estatales que prohíben compartir datos con agencias federales, ha habido casos donde la policía de San Diego entregó información a departamentos como Investigaciones de Seguridad Nacional y Patrulla Fronteriza. Además, se acusa a la policía de usar sistemas de ALPR y luces inteligentes en eventos como Comic-Con y Pride sin la aprobación municipal necesaria.
El San Diego Privacy Board también ha recomendado que la ciudad termine el uso de esta tecnología. Los costos superaron los 3.5 millones de dólares el año pasado, generando críticas sobre la eficiencia de estos recursos en mejorar realmente la calidad de vida de los residentes.
La coalición insta a los habitantes a firmar una petición, seguir la campaña en redes sociales y contactar a concejales, abogando por el fin del contrato con Flock y la defensa de los derechos de privacidad de la comunidad.
