La formación del profesorado es un aspecto fundamental para garantizar la calidad educativa en Andalucía. En este contexto, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación ha emitido diversas resoluciones en los últimos años, que regulan aspectos relacionados con la evaluación y la prórroga de nombramientos de asesores y asesoras de formación en los centros del profesorado.
La Resolución de 11 de abril de 2025, por ejemplo, establece la prórroga de nombramientos de asesores y asesoras de formación durante su cuarto año de ejercicio, en consonancia con el Decreto 93/2013, que regula la formación inicial y permanente del profesorado en Andalucía. Esta medida busca asegurar la continuidad de la formación y la experiencia acumulada por estos profesionales en los centros educativos.
Adicionalmente, esa misma resolución también aborda la evaluación de estos asesores y asesoras en prácticas, un proceso fundamental para garantizar la idoneidad y el desempeño efectivo de los mismos. Esta estructura evaluativa está diseñada para seguir los rigurosos estándares establecidos por el citado decreto.
El histórico de resoluciones de los años anteriores muestra un enfoque constante en la evaluación de los asesores y asesores de formación en diversas provincias de Andalucía. Cada resolución se ajusta a las normativas del Decreto 93/2013, garantizando que la formación en prácticas y la evaluación se realicen de forma sistemática y coherente.
Por ejemplo, en 2024, varias resoluciones se emitieron para evaluar a los asesores y asesoras en función de su tiempo en el cargo, destacando la importancia de la evaluación en el cuarto y octavo año desde su nombramiento. Este enfoque se repite con bloqueos tardíos en la respuesta de evaluación en provincias como Huelva, Málaga, Granada y Cádiz, asegurando una amplia cobertura en la supervisión de la calidad educativa.
La continua evaluación y la prórroga de los nombramientos no solo refuerzan la formación de los asesores y asesoras, sino que también constituyen un compromiso del sistema educativo andaluz por mejorar la calidad de la enseñanza. Con estas iniciativas, se proporciona un marco sólido que garantiza que los profesionales del ámbito educativo cuenten con el apoyo y los recursos necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva.
La evolución de estas resoluciones, desde 2022 hasta 2025, refleja un esfuerzo institucional constante por adaptarse y responder a las necesidades del profesorado y, por ende, de los estudiantes. La educación es un campo en constante cambio, y estas medidas buscan asegurar que los asesores y asesoras estén capacitados y preparados para enfrentar los desafíos que se presentan en el aula.
Fuente: ANPE Andalucía.