Una comisión independiente de expertos ha instado al Gobierno de Países Bajos a brindar reconocimiento y apoyo a unas 14,000 madres solteras obligadas a dar en adopción a sus hijos entre 1956 y 1984. El informe, entregado al Gobierno en funciones, describe la presión ejercida por el Estado, la Iglesia y las familias, resaltando cómo estas mujeres, principalmente jóvenes, fueron calificadas de inadecuadas. La comisión recomienda incluir este tema en el Canon histórico nacional, junto a episodios como el pasado colonial del país. Destaca que tanto el Estado como la sociedad son responsables de estas prácticas coercitivas, y lamenta que el trauma de las madres y los hijos adoptados fuera desatendido. Además, el informe revela que, aunque la figura legal de «renuncia» de un hijo no existe en Países Bajos, se crearon normas para permitir la adopción forzada, perpetuando un estigma. Testimonios de afectados subrayan el dolor persistente y la falta de responsabilidad asumida por el Estado.
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