La situación del colectivo médico en España, especialmente en Andalucía, ha llegado a un punto crítico que exige atención inmediata y la implementación de soluciones efectivas. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, el verdadero cambio no puede recaer únicamente en el ámbito nacional. Es imperativo que los responsables autonómicos asuman su papel y articulen una estrategia nacional que busque poner fin al maltrato que sufre este colectivo.
El reciente conflicto en torno al Estatuto propio tiene causas que se extienden más allá de la esfera del Ministerio. Si bien el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco ha sido un catalizador, las fuentes del descontento y las soluciones viables dependen en gran medida de las Consejerías de Sanidad, cuyas competencias en materia sanitaria han sido transferidas a las autonomías. Esto significa que, aunque el Gobierno central no imponga medidas, las comunidades autónomas tienen la capacidad y la responsabilidad de abordar cuestiones críticas como la eliminación de las guardias obligatorias, la mejora en las retribuciones, y la garantía del derecho al descanso y la conciliación.
Lamentablemente, la historia reciente demuestra que los sucesivos gobiernos andaluces, independientemente de su color político, han tomado decisiones que perpetúan un agravamiento de la situación. Si bien algunas mejoras se han implementado, como el aumento en la compensación por guardias, estas no han sido suficientes. En 2023, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmó un Pacto para la mejora de la Atención Primaria que excluyó al Sindicato Médico Andaluz (SMA), una clara señal de que el diálogo aún es insuficiente.
Uno de los factores principales del descontento en las filas médicas es el tema salarial. Las retribuciones en Andalucía se encuentran muy por debajo de la media europea, lo que resulta frustrante para un colectivo cuya labor es esencial. Para poner esto en perspectiva, en algunos centros de salud, enfermeros reciben 30 euros por hora en “jornadas de accesibilidad”, mientras que los médicos de guardia perciben solo 27 euros por hora, incluso en turnos nocturnos.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha manifestado su oposición al APLEM y ha criticado a la ministra Mónica García, pero esto no es suficiente. Los líderes autonómicos tienen la obligación de trazar un plan que acabe con el maltrato a médicos y facultativos, en vez de desempeñar un papel meramente político. Deben abrir un diálogo sincero y constructivo con el colectivo médico para abordar sus demandas y mejorar las condiciones laborales.
Las condiciones de trabajo para los médicos en la sanidad pública son insostenibles. Las guardias se han convertido en horas extras obligatorias con remuneraciones inferiores a las horas ordinarias, mientras que el derecho al descanso y la conciliación sigue siendo un lujo inalcanzable. Esta explotación es inaceptable en cualquier sector público y, con la autoridad que poseen, los responsables sanitarios pueden y deben poner fin a esta situación.
La crisis actual en la sanidad pública es un reflejo del conflicto que enfrenta el colectivo médico. Es fundamental que nuestros representantes políticos muestren la valentía y la visión necesaria para resolver esta problemática. Confiamos en que sean capaces de poner en práctica las soluciones que la situación demanda.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
