Durante los meses de invierno, la necesidad de agua caliente se vuelve esencial, pero las calderas en viviendas, especialmente en alquiler, pueden fallar, generando disputas sobre quién debe realizar las reparaciones. Según el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario está obligado a mantener condiciones de habitabilidad sin repercutir en la renta del inquilino, a menos que se pruebe un mal uso por parte del arrendatario. Los inquilinos deben encargarse del mantenimiento regular de las calderas, mientras que las reparaciones mayores requieren comunicación inmediata al propietario. La ley no fija plazos para las reparaciones, pero insta a acciones rápidas en caso de problemas que afecten la seguridad o salubridad del hogar. Si el propietario no responde, el inquilino puede reparar y reclamar el coste. El incumplimiento de estas obligaciones permite al inquilino terminar el contrato, según el artículo 27.1 de la misma ley.
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