Informes oficiales revelan un manejo arbitrario en la distribución de la publicidad institucional del Gobierno español, beneficiando a medios afines al Ejecutivo mientras excluye a otros a pesar de su amplia audiencia. La planificación gubernamental, influenciada por la Secretaría de Estado de Comunicación, ha priorizado cabeceras alineadas ideológicamente, empleando filtros técnicos para justificar la exclusión de medios críticos. Esta práctica contraviene la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005, destinada a garantizar transparencia y eficiencia en el gasto público, evidenciando una desviación del interés general hacia un cálculo partidista.
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