La Presidencia del Gobierno está siendo investigada por su presunta implicación en la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un asunto que maneja el Tribunal Supremo y que ha salpicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según ha trascendido, Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, habría coordinado desde La Moncloa una operación para filtrar un correo electrónico confidencial a través de Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, Lobato se negó a participar, documentando sus comunicaciones con Sánchez Acera para protegerse. A pesar de las negaciones de Lobato y el PSOE madrileño sobre la recepción del documento desde la Fiscalía, el escándalo alcanza a altos cargos del Ejecutivo, planteando posibles repercusiones legales y políticas. El caso subraya un intento político por parte del poder ejecutivo, acentuado por la implicación de Óscar López a través de su jefa de Gabinete, y cuestiona la integridad de las operaciones dentro del gobierno. Lobato, por su parte, ha emitido un comunicado negando la existencia de una conspiración, acusando al Partido Popular de Madrid de desviar la atención del hecho de que el novio de Ayuso enfrenta cargos por delitos fiscales y falsedad documental.
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