Los contratos por obras y servicios en la fundación pública de la Junta de Andalucía se prolongaban indefinidamente, convirtiendo empleos temporales en puestos fijos de forma irregular. Además, se detectaron pluses salariales sin justificación adecuada, lo que evidencia un sistema de privilegios para los «enchufados». Estas prácticas cuestionan la transparencia y equidad en la gestión de recursos públicos en la entidad.
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