Durante el año 2025, la Electronic Frontier Foundation (EFF) llevó a cabo una serie de exhaustivas investigaciones que pusieron al descubierto los alarmantes alcances de la red de lectores automáticos de matrículas (ALPR) de Flock Safety. Estas investigaciones revelaron un sistema de vigilancia masiva empoderado por tecnología, mostrando un panorama inquietante sobre su capacidad para ser utilizado de forma abusiva.
La investigación de EFF generó un enorme revuelo a nivel estatal y federal, desencadenando litigios históricos y revelando la peligrosa expansión de esta red hacia tecnologías de detección de voz, que opera de manera continua. La capacidad de esta infraestructura para vigilar manifestaciones y dirigir búsquedas discriminatorias genera profunda preocupación por los derechos civiles. Activistas que defendían sus derechos en manifestaciones fueron rastreados mediante esta tecnología, y comunidades vulnerables como las personas romaníes fueron objeto de búsquedas discriminatorias. Además, mujeres que buscaban atención médica reproductiva también fueron objeto de vigilancia.
El uso de ALPR no se limitó a actos de desobediencia civil o protestas masivas. Según la documentación revisada, la policía del estado de Delaware utilizó la red de Flock en múltiples ocasiones contra activistas de Direct Action Everywhere, una organización de derechos de los animales. Estos hallazgos subrayan cómo la tecnología ALPR puede ser empleada para atacar a grupos que desafían poderosos intereses corporativos, amenazando implícitamente la libertad de expresión y de asociación.
Un informe de noviembre aportó hallazgos todavía más preocupantes: más de 80 agencias de seguridad usaron lenguaje estigmatizador al buscar en la red ALPR de Flock, acusando discriminadamente a comunidades romaníes sin justificación criminal aparente. Entre junio de 2024 y octubre de 2025, estas agencias realizaron numerosas búsquedas usando términos despectivos, mientras que, en Texas, la policía de Grand Prairie utilizó la función «Convoy» de Flock, apuntando a comunidades nómadas enteras.
Asimismo, en octubre se descubrió que agentes del condado de Johnson invocaron una investigación sobre personas desaparecidas para acceder a datos de Flock, cuando el caso real implicaba un aborto autogestionado. Estos datos revelan la fragilidad del acceso casi sin restricciones a más de 83,000 cámaras, convirtiendo la vigilancia en un instrumento fácilmente manipulable en contra de mujeres que necesitan servicios médicos reproductivos.
Flock Safety ha intentado calmar las aguas asegurando que implementará actualizaciones para mejorar la privacidad de usuarios. Sin embargo, EFF se mantiene escéptica, argumentando que el problema subyacente es la estructura misma de la red de vigilancia. El modelo de negocio de Flock se basa en la creación de una malla interconectada de vigilancia nacional, donde los abusos son prácticamente inherentes.
Las investigaciones impulsadas por EFF generaron medidas de rendición de cuentas. Los congresistas Raja Krishnamoorthi y Robert Garcia han promovido una investigación formal para analizar el papel de Flock en la facilitación de prácticas de vigilancia consideradas invasivas para la privacidad y libertades civiles. Además, se iniciaron auditorías estatales tras revelaciones de acceso indiscriminado por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a los datos de Illinois, en violación de las leyes de privacidad del estado.
En noviembre, EFF colaboró con la ACLU del Norte de California para interponer una demanda contra el departamento de policía de San José, retando la legalidad de millones de registros ALPR buscados sin orden judicial. De cara a 2026, EFF se ha comprometido a seguir combatiendo estos abusos, apoyando a las comunidades afectadas y litigando en defensa de las protecciones constitucionales que estas tecnologías han debilitado.
Lo que queda claro es que la infraestructura de Flock no es una herramienta neutral para garantizar la seguridad pública, sino un sistema que intensifica la vigilancia guiada por prejuicios racistas, amenaza los derechos reproductivos y silencia la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
