Cuatro directores y un empresario de Canarias están imputados por presunto blanqueo de capitales y malversación de fondos europeos destinados a la manutención de menores inmigrantes ilegales en Gran Canaria y Lanzarote. Se sospecha que desviaron 2,5 millones de euros del fondo europeo Next Generation para gastos personales, como tratamientos estéticos y vacaciones. La investigación, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, comenzó en 2022 tras un informe del Sepblac y está bajo la dirección de la Fiscalía Europea. Se han encontrado transferencias por más de 1,1 millones de euros en efectivo y facturas duplicadas y triplicadas en los registros de los imputados, lo que ha llevado a solicitar una auditoría para determinar el total malversado.
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