En 2025, el enfoque de los funcionarios electos hacia la tecnología de vigilancia experimentó un cambio radical en Estados Unidos. La adquisición de tecnologías como los sistemas de Lectura de Matrículas Automáticas (ALPR) dejaron de ser simplemente un proceso administrativo llevadas a cabo por los departamentos de policía y comenzaron a ser vistas como decisiones políticas, sujetas a la supervisión del consejo y de la opinión pública.
Desde febrero, al menos 23 jurisdicciones, incluidas ciudades como Austin, Oak Park, Evanston y Denver, han rechazado o cancelado programas de ALPR de Flock Safety. Este desarrollo es un reflejo de cómo los funcionarios han comenzado a entender que adquirir tecnología de vigilancia es una forma de poder político.
Históricamente, muchas ciudades se sometían a lo que se denomina «prácticas de adquisición heredadas», enfocándose en la eficiencia y el costo a expensas de la transparencia y la participación democrática. Las empresas proveedoras de estas tecnologías han utilizado tácticas como la «trampa del piloto», ofreciendo pruebas gratuitas que evadían los procesos formales de adquisición y, a menudo, llevaban a la normalización de estas tecnologías en las comunidades.
Estos proveedores han sabido ocultar la naturaleza política de la vigilancia, presentando sus productos como soluciones neutrales y escondiendo contratos en agendas administrativas. Esto ha facilitado que las decisiones de supervisión se deleguen sin el escrutinio adecuado.
Sin embargo, 2025 marcó un punto de inflexión. Tres factores principales impulsaron este cambio: auditorías que destacaron la falta de salvaguardas en Flock, un aumento en la presión de organizaciones comunitarias y la creciente comprensión de los funcionarios electos de que tenían la responsabilidad de decir «no» a las renovaciones innecesarias.
En Austin, cuando el piloto de Flock venció el 1 de julio, fue percibido como una decisión política: los votantes rechazaron el uso de tecnología para la supervisión de la inmigración. Otras ciudades, como Hays County y San Marcos, exigieron pruebas de eficacia y desmintieron mitos sobre los supuestos beneficios de estos sistemas. Así, las decisiones de cancelar contratos se vieron no solo como actos de activismo, sino como obligaciones fiduciarias.
No obstante, la historia fue diferente en lugares como Denver, donde el alcalde Mike Johnston extendió el contrato de Flock pese a la oposición del consejo. Esta acción subraya la importancia de reconocer los procesos de adquisición como decisiones políticas y no meramente técnicas.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha documentado cómo la adquisición actúa como una palanca para la expansión de la vigilancia. Los logros de 2025 muestran que una vez que las ciudades perciben la adquisición como un acto político, pueden rechazar efectivamente la vigilancia. Las comunidades deben recordar que el uso de estas tecnologías es una elección y no un mandato impuesto por proveedores. A medida que nos adentramos en 2026, la lección es clara: la vigilancia puede ser rechazada cuando se entiende como una cuestión de elección comunitaria.
