En un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica, la convergencia entre la inteligencia artificial (IA) y el sector jurídico se encuentra en un momento decisivo. Los reguladores de todo el mundo enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la necesidad de establecer un marco regulatorio que evite el estancamiento económico y garantice el bienestar social. En septiembre de 2024, el Informe de Competitividad de la Unión Europea puso de manifiesto esta encrucijada, subrayando la importancia vital del próximo presupuesto del bloque europeo para no sofocar un futuro respaldado por la IA.
Presentado por Mario Draghi, el informe destaca la urgencia de abordar el estancamiento económico y superar una burocracia que amenaza con frenar el progreso. Para competir con potencias como Estados Unidos y China, la Unión Europea considera necesario un impulso financiero de entre 750.000 y 800.000 millones de euros. Esta inversión, que representa un 5% del PIB de la UE, buscaría movilizar tanto recursos públicos como privados, destinando 450.000 millones de euros exclusivamente a la transición energética.
Una de las recomendaciones clave del informe es la reforma de las leyes de competencia para facilitar la fusión de corporaciones europeas, una medida que ha sido objeto de debate desde el rechazo de la fusión entre Siemens y Alstom en 2019. La implementación efectiva de estas políticas dependerá de múltiples condicionantes, incluidos el liderazgo internacional, como la presidencia de Donald Trump a partir de enero de 2025, y las discusiones en torno al futuro marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034.
La IA requiere de un robusto soporte de investigación y desarrollo (I+D), un área en la que Europa muestra cierto retraso. Actualmente, las empresas europeas sólo representan el 7% del gasto mundial en I+D en software y servicios informáticos, en comparación con un abrumador 71% de Estados Unidos y un 15% de China. No obstante, Europa mantiene una ventaja en computación de alto rendimiento, gracias al desarrollo de infraestructuras públicas distribuidas, planeando el lanzamiento de dos computadoras de exaescala que optimizarán la capacidad de cómputo disponible para startups de IA.
El camino hacia un modelo digital incluye avances legislativos significativos como la Ley de Mercados Digitales, que establece un esquema de obligaciones para las grandes plataformas digitales. Estas regulaciones buscan garantizar un mercado digital justo y competitivo, aunque se anticipa una creciente resistencia por parte de corporaciones tanto europeas como estadounidenses, a medida que estas últimas integran más IA en sus productos.
Alarmante resulta el dato de que solo el 11% de las empresas europeas están adoptando la IA, con un ambicioso objetivo del 75% para 2030. Esta situación se atribuye a la falta de capital de riesgo y la carencia de grandes proveedores de servicios en la nube comparables a las asociaciones como la de OpenAI y Microsoft en Estados Unidos.
La Ley de IA de la UE aprobada en marzo de 2024, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, definiendo un nuevo terreno de control que se espera sea plenamente efectivo para 2026. A medida que la IA sigue avanzando, su regulación futura promete momentos tanto de emoción como de controversia.
El verdadero desafío para Europa no solo yace en el incremento del gasto en I+D, sino en la adaptación de sus leyes de competencia. La posibilidad de colusión tácita y la inercia del consumidor son cuestiones críticas que requieren una delicada consideración regulatoria. La revolución tecnológica que representa la IA plantea un panorama donde una legislación adecuada no solo servirá al propósito de proteger a los consumidores, sino que será esencial para asegurar la competitividad de Europa en el mercado global.
A pesar de los avances legislativos significativos, el riesgo para Europa radica en perder terreno en el mercado global de IA frente a sus competidores. Una reforma continua y una estrategia clara serán determinantes para que las empresas europeas no solo sobrevivan, sino prosperen ante los desafíos tecnológicos del siglo XXI.
