El Parlamento andaluz ha dado un paso histórico al aprobar la nueva ley de vivienda en Andalucía, convirtiendo a la comunidad en la primera de España en contar con una legislación específica en esta materia, tras la promulgación de la ley estatal por parte del Gobierno central. Esta iniciativa del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, se fundamenta en el diálogo, la participación ciudadana y el firme compromiso de garantizar el acceso a un hogar digno como eje central de sus políticas públicas.
Durante su intervención en la Cámara andaluza, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que “esta ley no es solo una ley de vivienda, sino que se refiere a hogares, personas y proyectos de vida”. Resaltó que se ha llegado a este punto mediante un debate sereno y una escucha activa de todos los sectores involucrados, posicionando la vía andaluza como un modelo de consenso.
La ley ha sido el resultado de un minucioso proceso de participación iniciado hace más de tres años, incluyendo consultas con entidades como la Mesa del Tercer Sector, sindicatos, asociaciones vecinales, administraciones locales y profesionales del sector. Asimismo, se han incorporado propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, alcanzando un notable nivel de aceptación de enmiendas, incluso de aquellos que se ubican en la oposición.
Díaz también defendió que esta legislación demuestra que el debate no es una debilidad, sino una fortaleza del Gobierno andaluz. La norma refuerza la colaboración institucional, establece un marco claro para la vivienda protegida, garantiza derechos para las personas vulnerables y reduce la burocracia para facilitar la construcción y rehabilitación de inmuebles.
Entre los puntos clave de la ley se encuentran el impulso a la vivienda protegida, orientada a facilitar el acceso a sectores con menor capacidad económica; el fomento de la rehabilitación de barrios y edificios, alineado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética; la seguridad jurídica tanto para propietarios como inquilinos; y una simplificación administrativa destinada a reducir trámites y costos.
El diputado autonómico del Grupo Popular, Antonio Saldaña, lamentó la negativa de algunos grupos a sumarse a este consenso amplio, expresando su «sensación agridulce». En sus palabras, esta nueva ley representa un antes y un después en la política de vivienda en Andalucía, logrando este avance sin recurrir a la imposición, sino a través del diálogo y el respeto.
Con esta norma, el Gobierno de Juanma Moreno reafirma el compromiso hacia uno de los principales retos sociales: asegurar el acceso a una vivienda asequible y adecuada. Saldaña resaltó que este momento es crucial para una generación de andaluces que, tras largos años sin nuevas construcciones, podrán finalmente acceder a un hogar.
La ley también incluye un enfoque que busca fomentar el estado de bienestar y la cohesión social, considerando la vivienda como un pilar fundamental en el desarrollo del territorio. A través de esta legislación, el Gobierno andaluz busca establecer una regulación equilibrada que responda a las necesidades de la ciudadanía, contrastando con el modelo estatal que ha sido criticado por su falta de diálogo.
La aprobación de esta ley no representa un final en la labor del Gobierno andaluz, sino el comienzo de una nueva etapa dedicada al desarrollo de herramientas y recursos que consoliden el derecho a una vivienda digna. Saldaña hizo un llamado a la oposición para sumarse a futuros consensos que contribuyan a construir comunidad, subrayando que «esta ley no es nuestra, es de todos los andaluces». El Gobierno andaluz ha extendido su mano para seguir trabajando conjuntamente en beneficio de la sociedad andaluza.
Fuente: Partido Popular Andalucía
