En un nuevo capítulo legal, el enfrentamiento entre Ryanair y Booking.com despierta inquietudes sobre el Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), una normativa federal centrada en la seguridad informática. La controversia radica en la sugerencia del tribunal de distrito sobre la posible aplicación del CFAA incluso cuando se accede a información permitida utilizando credenciales válidas. Ante este panorama, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha intervenido, presentando un escrito para que el Tercer Circuito aclare que este caso se circunscribe a violaciones de políticas y no a hacking propiamente dicho.
El conflicto surge por la transparencia en los precios aéreos. Ryanair acusa a Booking.com de divulgar tarifas que debían estar ocultas a usuarios no registrados. Aunque Ryanair solicitó cesar esta práctica, no revocó las cuentas de los usuarios involucrados. Estos continuaron accediendo con sus credenciales, lo cual Ryanair considera una infracción del CFAA.
La EFF subraya que tal interpretación del CFAA podría dañar la investigación y la competencia. La organización insiste en que la ley debe enfocarse únicamente en hacking que vulnera sistemas de seguridad informática, enfatizando que el caso en cuestión más bien trata de un posible incumplimiento de los términos de uso, ya que la información no era privada.
En su argumentación, la EFF remite al fallo de la Corte Suprema en Van Buren contra Estados Unidos, que define «autorización» en términos técnicos relacionados con la autenticación. Según esta óptica, violaciones menores de los términos de servicio, como compartir credenciales, no deben considerarse hacking.
La EFF alerta que un fallo a favor de Ryanair podría tener consecuencias serias para investigadores y periodistas, quienes frecuentemente crean cuentas de prueba para analizar servicios. Si las empresas prohíben esta práctica, podrían penalizarla como delito, lo que limitaría la investigación y la competencia, afectando la capacidad de comparar precios y características de servicios.
La EFF apela a los tribunales para que mantengan la interpretación restringida del CFAA, como en Van Buren, y advierte que una perspectiva amplia podría obstaculizar la labor de vigilancia independiente, afectando tanto a consumidores como a competidores en el mercado.
