La Comisión Europea ha dado un paso significativo hacia la protección de los menores en el entorno digital al proponer nuevas directrices bajo el Artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales. Este movimiento busca salvaguardar a los jóvenes en línea, pero ha provocado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos digitales.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha destacado que, aunque se busca la seguridad de los menores, es crucial no comprometer la privacidad y la libertad de expresión. La EFF apoya el enfoque inclusivo de la Comisión, que integra las voces de los jóvenes en la elaboración de políticas. No obstante, han manifestado inquietud por la creciente dependencia en tecnologías de verificación de edad que podrían incitar a la vigilancia y discriminación.
Los procesos de verificación suelen requerir documentos oficiales o datos biométricos, lo que suscita riesgos para la privacidad y excluye a quienes carecen de documentación. Además, los métodos de estimación de edad pueden ser inexactos y perjudicar a grupos marginados, usando datos sensibles que podrían llevar a la censura. Las pautas amplias sobre la protección contra «estándares de belleza poco realistas» y «contenido riesgoso» podrían restringir la expresión legítima, impactando especialmente a jóvenes LGBTQ+.
El foco en la verificación de edad como medida primordial ignora las causas subyacentes de los riesgos digitales, centrándose solo en sus manifestaciones. La EFF insta a buscar soluciones que equilibren la seguridad con la privacidad y los derechos fundamentales, sugiriendo configuraciones de privacidad fuertes, transparencia en los sistemas de recomendación y control del usuario sobre el contenido.
La Ley de Servicios Digitales representa una oportunidad para defender a los menores sin sacrificar la libertad digital. Se espera que las directrices finales reflejen este equilibrio delicado y necesario.