Un debate en San Francisco está generando controversia sobre la supervisión de la actividad policial y el uso de nuevas tecnologías de vigilancia. Un supervisor de la ciudad, Matt Dorsey, ha propuesto que la policía y otras agencias municipales no enfrenten sanciones financieras por violar una innovadora ley de vigilancia aprobada en 2019. Esta legislación exige que las fuerzas del orden obtengan permiso de funcionarios electos antes de adquirir tecnología de espionaje, una regulación vista como pionera en su ámbito.
Dorsey argumenta que el mecanismo de rendición de cuentas fomenta demandas infundadas, drenando recursos públicos. Sin embargo, ejecutivos municipales y defensores de derechos civiles subrayan que, entre 2010 y 2023, la ciudad desembolsó aproximadamente 70 millones de dólares en demandas legales contra el Departamento de Policía de San Francisco por conductas indebidas, desde tiroteos a ciudadanos hasta despidos injustificados. Este gasto se considera una reparación necesaria para las víctimas, subrayando la obligación de la policía de rendir cuentas.
Un aspecto crucial de esta legislación es el «derecho de acción privada», que permite a los ciudadanos demandar a las autoridades por violaciones legales. Sin esta herramienta, muchos temen que los cuerpos de seguridad ignoren las leyes de vigilancia. Esto se ejemplifica con la ley estatal AB 481, que requiere la aprobación política antes de que la policía adquiera equipos militares. Recientemente, se descubrió que el Departamento de Policía de San Francisco había transgredido esta normativa.
La polémica en torno a la propuesta de Dorsey se intensifica en un contexto de creciente militarización policial en ciudades estadounidenses. La reciente colaboración de agencias locales con entidades federales, a menudo bajo presiones políticas, destaca la importancia de un marco regulatorio riguroso y transparente.
Existen informes de que el SFPD ha eludido las leyes estatales de divulgación de datos de vigilancia, violando así normas al compartir información con agencias como ICE. Ante estos desafíos, se hace un llamamiento a la Junta de Supervisores de San Francisco para que rechacen la iniciativa de Dorsey y mantengan las regulaciones vigentes.
La conclusión es clara: si las fuerzas policiales quieren evitar litigios y el pago de honorarios legales, deben adherirse estrictamente a las leyes que regulan las prácticas de vigilancia. La responsabilidad y la transparencia son esenciales para mantener la confianza pública y el respeto de los derechos civiles.
