En un contexto de creciente vigilancia estatal, varias ciudades de California están tomando medidas para proteger a sus comunidades más vulnerables, entre ellas, los inmigrantes. La intensificación de medidas por parte de agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha provocado que los líderes locales reconsideren el uso de tecnologías de vigilancia como los lectores automáticos de matrículas (ALPR).
San José, al igual que otras ciudades como Mountain View, Los Altos Hills, Santa Cruz y East Palo Alto, enfrenta el dilema de cómo balancear la seguridad pública con la privacidad de sus habitantes. Los ALPR, aunque se presentan como herramientas para mejorar la seguridad, también representan una amenaza significativa para la privacidad y pueden ser utilizados como herramientas de control sobre inmigrantes y grupos vulnerables.
Estas tecnologías generan preocupación por su capacidad para rastrear meticulosamente los movimientos de vehículos, revelando información confidencial sobre los hábitos cotidianos de las personas. Empresas como Flock Safety almacenan estos datos en bases de datos masivas, lo que permite que cualquiera con acceso adecuado pueda reconstruir los movimientos de un individuo.
No es solo el riesgo de invasión de la privacidad lo que preocupa a las comunidades. En California, varias agencias de seguridad pública han empleado datos de ALPR para apoyar la aplicación de leyes migratorias. Asimismo, brechas en el software han provocado que agencias federales hayan tenido acceso no autorizado a bases de datos locales pese a las normativas que lo prohiben.
Ante estos riesgos, varias localidades han comenzado a desactivar estos sistemas de vigilancia. En Mountain View, tras descubrirse accesos no autorizados, la policía decidió suspender todas las cámaras Flock; además, Los Altos Hills y Santa Cruz cancelaron sus contratos con la compañía citando preocupaciones relacionadas con ICE.
A pesar de la legislación en California que impide a la policía local compartir datos de ALPR con autoridades federales o de fuera del estado, se han documentado casos en los que estas colaboraciones han ocurrido. Un ejemplo es el registro de más de 4,000 casos en los que las agencias locales realizaron búsquedas a solicitud de agencias federales.
El uso de los sistemas de ALPR sin una orden judicial ha sido una preocupación constante. En San José, por ejemplo, la policía llevó a cabo más de 261,000 búsquedas en un año, lo que equivale a casi 700 búsquedas diarias, sin la necesidad de sospechas justificadas de delitos.
A la luz de estos hechos, organizaciones como SIREN y CAIR California, junto a la Electronic Frontier Foundation y la ACLU de California del Norte, han presentado demandas para detener las búsquedas sin orden judicial en San José. Sin embargo, para algunos, las acciones legales son solo un comienzo. La desactivación de estos sistemas representa una solución más directa y efectiva para proteger las libertades civiles de la comunidad.
En definitiva, San José enfrenta una decisión crucial. Cada día que estas cámaras continúan en operación, acumulan datos que pueden ser utilizados para hostigar a familias inmigrantes o atentar contra libertades fundamentales. Los líderes de la ciudad deben actuar con prontitud para garantizar que la seguridad pública no se obtenga a costa de la privacidad y la confianza de la comunidad.
