El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión del censo electoral para nacionalizados bajo la Ley de Nietos que no acreditaron el exilio de sus antepasados. En respuesta, el Gobierno español ha formulado un plan alternativo que deja en manos de los consulados la eliminación de estos votantes del censo, aunque argumenta que es técnicamente inviable cumplir con la orden judicial. Ante esta imposibilidad, el Ejecutivo pretende permitir que los inscritos continúen votando, desafiando así al alto tribunal. Esto afecta a 163.000 nacionalizados, la mayoría de los cuales no han presentado la documentación necesaria, lo que sugiere posibles fraudes de ley. El Gobierno defiende su postura amparándose en la obligación de garantizar el derecho al voto, un argumento que ha suscitado críticas por no ajustarse al cumplimiento estricto de la legalidad, generando una controversia sobre la legitimidad de estos sufragios.
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Sánchez ante el desafío del Supremo: ¿Estabilidad democrática en riesgo?
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