La organización internacional ha criticado a España por ser el último país en desarrollar una estrategia contra la corrupción, subrayando la necesidad urgente de implementar medidas efectivas. El informe también insta a evitar las «interferencias políticas» dentro del sector público para garantizar una gestión más transparente y eficiente. La recomendación busca fortalecer las instituciones y fomentar la confianza pública.
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