El Tribunal Supremo de España ha dictaminado en contra de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno en 2025, declarando inconstitucional varias de sus medidas más controvertidas. La ley, que buscaba establecer controles de precios de los alquileres y otorgar mayores competencias a los ayuntamientos para expropiar viviendas vacías, había generado un acalorado debate desde su promulgación. La decisión del alto tribunal, que responde a varios recursos interpuestos por partidos de la oposición y asociaciones de propietarios, supone un revés significativo para el Ejecutivo, que defiende la ley como una herramienta esencial para garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de creciente desigualdad y crisis habitacional.
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