El gobierno ha decidido dividir en dos decretos las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados del conflicto bélico. Esta estrategia busca asegurar que, en caso de rechazo parlamentario, solo el decreto que propone la congelación de los precios de alquiler sea desestimado. La intención es proteger el resto de las medidas económicas, evitando que su implementación se vea comprometida por el desacuerdo con la regulación de los alquileres. Esta maniobra legislativa refleja un esfuerzo por mantener el apoyo necesario en el Congreso y asegurar que las medidas más amplias puedan entrar en vigor sin contratiempos.
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