Las nuevas regulaciones impactarán a las empresas que cuenten con más de 250 empleados o que generen una facturación superior a 50 millones de euros. Esta medida busca establecer un marco más estricto para el funcionamiento de las grandes compañías, obligándolas a cumplir con ciertos requisitos que podrían modificar su operativa y plantear nuevos retos económicos y administrativos.
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