El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto su trato desigual hacia Sevilla en el ámbito de los incentivos fiscales, especialmente bajo la dirección de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Recientemente, se aprobó una serie de exenciones fiscales para la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo (FfD) de la ONU, que se llevará a cabo en junio en Fibes. Sin embargo, estas mismas bonificaciones han sido sistemáticamente rechazadas cuando se han solicitado para eventos locales organizados por el Ayuntamiento de Sevilla.
La situación evidencia un doble rasero en la gestión de los incentivos fiscales, favoreciendo aquellas iniciativas que cuentan con el respaldo del Ejecutivo central, mientras que ignora las propuestas locales. La cumbre de la ONU ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), lo que le otorga los máximos beneficios fiscales en la ciudad, a diferencia de eventos significativos como la Magna de diciembre pasado o la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, que no recibieron dicho reconocimiento.
La declaración del evento de Naciones Unidas como AEIP se incluyó en una ley sobre seguros de vehículos a motor, mostrando una clara desconexión entre la legislación y el evento en cuestión. Estas inclusiones generan dudas sobre la arbitrariedad en la concesión de distinciones.
Desde el Ayuntamiento, el portavoz municipal Juan Bueno expresó su satisfacción por los beneficios fiscales otorgados a la cumbre de la ONU, aunque subrayó el “olvido permanente” del Gobierno de España hacia Sevilla. Este comportamiento ha sido recurrente, comprobándose en la negativa del Ejecutivo a otras solicitudes importantes para la ciudad, como la mejora del transporte público.
El Ayuntamiento ha pedido en múltiples ocasiones que eventos significativos para la ciudad sean reconocidos como AEIP para atraer turismo e inversión, pero estas solicitudes han sido desestimadas. En el caso del centenario de la Expo del 29, el motivo ofrecido por el Ministerio fue que podía causar una merma de ingresos, una justificación que contrasta con la decisión de otorgar incentivos fiscales a la cumbre internacional.
La actitud del Gobierno central respecto a Sevilla no es un caso aislado; se suma a una serie de demandas históricas sin respuesta, como la finalización de la SE-40 y mejoras en la red de Cercanías. Se argumenta que Sevilla merece un tratamiento equitativo en la asignación de recursos y beneficios, independientemente del color político de su gobierno.
María Jesús Montero, en su posición como ministra de Hacienda, ha optado por no activar herramientas fiscales que podrían atraer inversión y reforzar la proyección internacional de la ciudad. Su preferencia por eventos directamente respaldados por el Gobierno genera una sensación de agravio comparativo a nivel institucional. Mientras los actos de relevancia nacional reciben apoyo, la ciudad enfrenta dificultades en su desarrollo cultural, turístico y económico.
Esta política fiscal discriminatoria no solo limita el progreso de Sevilla, sino que también impide su competitividad frente a otras ciudades que sí gozan del apoyo del Gobierno. La falta de incentivos ahuyenta a patrocinadores potenciales y afecta al desarrollo del tejido empresarial local, que se encuentra con barreras burocráticas al intentar promover iniciativas que no están alineadas con la agenda del Ejecutivo. Así, Sevilla se vuelve una ciudad menos visible y menos respaldada, en contraposición a lo que debería ser una colaboración equitativa y efectiva por parte del Gobierno central.
Fuente: Partido Popular Andalucía
