El gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado una propuesta de reforma constitucional destinada a reducir las jubilaciones elevadas de exfuncionarios públicos, especialmente de aquellos que ocuparon altos cargos en empresas paraestatales como Pemex y CFE. La iniciativa busca establecer un máximo de pensión equivalente al 50% del salario presidencial, que actualmente es de 2,7 millones de pesos anuales, limitando las exorbitantes pensiones que algunos exdirectivos reciben, las cuales pueden alcanzar hasta un millón de pesos mensuales. Sheinbaum ha aclarado que esta medida no afectará a trabajadores bajo contratos colectivos, sino a altos mandos con pensiones financiadas por recursos públicos. Esta reforma se enviará al Congreso el próximo lunes.
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