Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de una investigación judicial que examina presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El empresario acudió el pasado lunes al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, citado por la jueza Inmaculada Iglesias, pero optó por no declarar, acogido a su derecho legal.
La investigación se centra en supuestas irregularidades fiscales relacionadas con las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, donde la Fiscalía, basada en un informe de Hacienda, calcula que González Amador habría evadido 155,000 euros en el primer año y 195,951 euros en el segundo. A pesar de ser citado por quinta vez, el empresario aún no ha proporcionado su testimonio. Su defensa, liderada por el abogado Carlos Neira, trató de posponer la comparecencia alegando un recurso de apelación pendiente; sin embargo, la jueza desestimó esta petición, lo que llevó a González Amador a guardar silencio durante la breve sesión.
El caso gira en torno a la sospecha de creación de facturas falsas por servicios inexistentes con el fin de reducir las obligaciones tributarias del empresario. Junto a él, otras cuatro personas están bajo investigación. La polémica mediática se intensificó con la filtración de correos electrónicos entre la defensa y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, donde se mencionaba la posibilidad de un acuerdo para evitar la cárcel para González Amador. Esta filtración ha puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el foco de una investigación inédita en la historia democrática española.
El caso ha desencadenado reacciones políticas, con la oposición pidiendo explicaciones debido a la vinculación de González Amador con la presidenta Ayuso, quien ha mantenido silencio sobre el asunto. En tanto, la Fiscalía defiende la corrección de sus procedimientos a pesar de la controversia por la correspondencia filtrada. El avance del proceso judicial está pendiente de la resolución del recurso de apelación y de futuras diligencias que decida la jueza, manteniendo la atención pública y política en un clima de creciente tensión e incertidumbre.
