En un desarrollo significativo, los sindicatos United Automobile Workers (UAW), Communications Workers of America (CWA) y American Federation of Teachers (AFT) han interpuesto una demanda contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta acción legal busca frenar un programa de vigilancia, implementado durante la administración de Donald Trump, que se considera una amenaza a la libertad de expresión en línea.
El programa en cuestión utiliza inteligencia artificial y tecnologías automatizadas para monitorear el discurso constitucionalmente protegido de no ciudadanos en el país. Según los demandantes, esta vigilancia masiva está diseñada para identificar y sancionar a aquellos cuyas opiniones no se alinean con los intereses gubernamentales, generando un clima de intimidación que afecta no solo a los inmigrantes, sino también a sus familiares y amigos.
La denuncia destaca que más del 60% de los miembros del UAW y más del 30% de los del CWA que conocían el programa admitieron haber modificado su actividad en redes sociales debido a esta vigilancia. Entre los no ciudadanos, el impacto es aún mayor, con más del 80% de los miembros del UAW sin ciudadanía ajustando su comportamiento en línea.
Testimonios de miembros sindicales revelan que muchos optaron por no publicar, eliminar contenido o cerrar sus cuentas personales. Además, varios han cambiado su participación en actividades sindicales, reduciendo su visibilidad en protestas y evitando identificarse públicamente.
Con el respaldo legal de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Muslim Advocates, los demandantes argumentan que estas prácticas violan la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Líderes sindicales han manifestado su preocupación, subrayando que la represión del discurso supone un ataque fundamental a los principios democráticos del país.
Shawn Fain, presidente de UAW, afirmó que esta vigilancia amenaza la libertad en Estados Unidos. Claude Cummings Jr., presidente de CWA, destacó que el movimiento laboral se fundamenta en la libertad de expresión, un derecho vulnerado por este programa. Randi Weingarten, presidenta de AFT, señaló que la administración actual intenta restringir la libertad de expresión a discursos aprobados.
La EFF advierte sobre las capacidades de vigilancia sin precedentes que permiten el uso de herramientas automatizadas para analizar puntos de vista, generando un efecto paralizante en la expresión libre.
Este caso no solo busca detener la vigilancia, sino también desafiar el uso del poder gubernamental para silenciar voces disidentes y proteger derechos fundamentales en una sociedad diversa y democrática.
