El Consejo de Gobierno ha sido informado sobre el posicionamiento consensuado entre la Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias andaluzas, como Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, respecto al Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur firmado el 6 de diciembre de 2024. Estas entidades expresan su preocupación por la posición de desventaja en la que se coloca al sector agrario andaluz.
El acuerdo, que implica a la Comisión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), prevé la liberalización de los intercambios de mercancías, incluidos los productos agroalimentarios, entre ambos bloques económicos. Desde la perspectiva andaluza, esto supone una competencia desleal, ya que los productos provenientes del Mercosur no están sujetos a los mismos estándares de calidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental que los de la UE. Además, se teme un fuerte impacto en los precios locales debido a la entrada masiva de productos latinoamericanos, facilitada por la reducción o eliminación de aranceles. Esta situación podría poner en riesgo la seguridad alimentaria debido a las diferencias en las legislaciones sobre pesticidas, algunos de los cuales están prohibidos en la UE.
El acuerdo también amenaza la soberanía alimentaria de Andalucía, con un impacto negativo social en el entorno rural, lo cual podría agravar la despoblación y las desigualdades económicas en una región donde la agricultura es un pilar fundamental.
Tanto la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como las organizaciones agrarias exigen que la UE garantice un nivel adecuado de autonomía alimentaria para asegurar autosuficiencia frente a crisis recientes como el Covid-19 o la guerra en Ucrania. Adicionalmente, solicitan garantías para la seguridad alimentaria de las importaciones y una competencia justa en áreas clave como el respeto al medio ambiente.
El sector agrario andaluz y el Gobierno regional piden mayor transparencia sobre el acuerdo, un análisis exhaustivo de sus impactos, la inclusión de cláusulas espejo para asegurar igualdad de condiciones, mecanismos de vigilancia para el cumplimiento del tratado, y medidas compensatorias para las áreas más afectadas.
La Junta de Andalucía y las organizaciones destacan la necesidad de que la liberalización comercial se haga en condiciones justas, especialmente considerando que Andalucía es una importante exportadora de productos agroalimentarios, con un rápido crecimiento que ha superado los 14.000 millones de euros en ventas anuales, reflejando su competitividad en el comercio internacional.
Fuente: Junta de Andalucía.
