Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla han sido imputados en Colombia por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la desviación de fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La Fiscalía General les acusa de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la formalización de contratos y cohecho por supuestamente ofrecer dádivas a congresistas para obtener apoyo legislativo. A pesar de declararse inocentes, la fiscal María Cristina Patiño ha solicitado su detención domiciliaria durante el proceso. Según la investigación, los exministros habrían direccionado millones de pesos mediante contratos amañados para asegurar mayorías en el Congreso, involucrando a varios legisladores y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los señalados es el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. La investigación se centra en declaraciones de testigos clave y en pruebas como comunicaciones interceptadas que revelan reuniones clandestinas para ejecutar el fraude. El caso ha golpeado la reputación anticorrupción del presidente Petro, aunque no se le atribuye conocimiento del esquema ilícito.
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