El Gobierno laborista del Reino Unido, liderado por Keir Starmer, ha convocado una sesión extraordinaria del Parlamento para aprobar una ley de emergencia que evite el cierre de los últimos altos hornos de British Steel, salvaguardando 2.700 empleos. Este movimiento busca contrarrestar la decisión de la empresa china Jingye, propietaria de la siderúrgica, que ha amenazado con cerrar las plantas debido a su inviabilidad económica, agravada por los nuevos aranceles del 25% impuestos por la administración de Donald Trump. A pesar de una oferta del gobierno británico de casi 580 millones de euros para la financiación de un horno de arco eléctrico, las negociaciones con Jingye han sido infructuosas. Unite, la principal central sindical del país, ha pedido la nacionalización de British Steel para proteger esta industria crítica, que enfrenta una presión significativa tras la pérdida de miles de empleos y un mercado internacional competitivo. La crisis subraya los desafíos industriales del Reino Unido en medio de un entorno geopolítico inestable.
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