El Gobierno ha vuelto a colocar al empleo público en el centro del debate político y social con el acuerdo firmado entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales. El mensaje de La Moncloa es nítido: el pacto, que contempla una subida salarial acumulada del 11 % hasta 2028, supone una victoria para los empleados públicos y para el conjunto de la ciudadanía.
Pedro Sánchez lo ha presentado como “un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más justo y mejor preparado para los desafíos del siglo XXI”. La narrativa oficial enlaza el incremento de sueldo con la mejora de servicios esenciales como sanidad, educación, justicia o seguridad, y con una modernización apoyada en nuevas tecnologías.
Sin embargo, en paralelo a las cifras y las fotos del acuerdo, permanece aparcado un debate incómodo que lleva años rondando los pasillos de la política: el tamaño, la estructura y la eficiencia real del sector público en una economía cada vez más digitalizada.
Un pacto que refuerza nóminas y relato político
El acuerdo no es menor ni simbólico. Hablamos de más de tres millones de empleados públicos, desde personal sanitario y docente hasta cuerpos de seguridad, trabajadores de la administración de justicia, servicios sociales y funcionarios de la Administración General del Estado, autonómica y local.
Para este colectivo, el incremento pactado se traduce en algo muy concreto: más certidumbre sobre su poder adquisitivo en los próximos años, después de una etapa marcada por la inflación y por la sensación de pérdida acumulada. Desde la óptica sindical, el pacto se lee como una corrección necesaria tras años de contención salarial; desde el Gobierno, como un gesto político coherente con la defensa del Estado del bienestar.
El presidente ha insistido en que “reforzar las condiciones de quienes trabajan en el empleo público es reforzar el bienestar colectivo”. En su argumentario pesan mucho la pandemia, las emergencias climáticas recientes y la respuesta ante grandes crisis, donde lo público ha sido el sostén de la población más vulnerable. En ese marco, la subida del 11 % se presenta casi como una deuda moral con quienes “han estado ahí” cuando el país más lo necesitaba.
El ministro Óscar López, por su parte, ha subrayado que el acuerdo dibuja una “hoja de ruta pionera y ambiciosa” para la próxima legislatura en materia de función pública: más estabilidad, más desarrollo profesional, más formación y un compromiso explícito con la digitalización de la administración.
La otra cara: un Estado que crece, pero no siempre se simplifica
El problema es que la discusión pública suele quedarse en la superficie salarial y casi nunca entra en la arquitectura profunda del sector público. España arrastra desde hace décadas un entramado institucional complejo: Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consells, miles de ayuntamientos y una constelación de empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.
A esta estructura se le han ido sumando capas y programas con el paso del tiempo, pero rara vez se acomete una revisión de fondo. Se crean departamentos, se ponen en marcha nuevos planes, se abren oficinas y ventanillas —físicas o digitales—, pero casi nunca se cierran organismos obsoletos ni se simplifican de forma radical los circuitos administrativos.
Mientras tanto, el discurso oficial habla de modernización y transformación digital. Es cierto que la implantación del expediente electrónico, la firma digital o las sedes electrónicas han cambiado la relación del ciudadano con la administración. Pero también lo es que muchas de esas innovaciones se superponen sobre procesos pensados para el papel, sin cuestionar si todos los pasos siguen teniendo sentido.
El resultado es un Estado que no deja de aumentar su presencia y su coste, mientras la sensación del ciudadano sigue siendo la misma en demasiadas ocasiones: trámites que se eternizan, plataformas que fallan, citas que se retrasan y una burocracia que consume tiempo y energía a empresas y particulares.
Tecnología para hacer más… ¿o para hacer mejor y con menos?
Uno de los argumentos del Gobierno al presentar el acuerdo es la necesidad de “afrontar con valentía la modernización de la Administración, con la ayuda de las nuevas tecnologías”. La referencia no es casual: inteligencia artificial, automatización, analítica de datos o robotización de tareas prometen ganar eficiencia y liberar recursos.
Pero esa promesa abre una pregunta incómoda que rara vez se explicita: si la tecnología permite hacer más en menos tiempo, con menos carga manual y menos errores, ¿no debería ese avance traducirse también en una revisión del tamaño de los conglomerados públicos, igual que ocurre en muchas empresas privadas?
En el ámbito empresarial, cada ola tecnológica ha venido acompañada de reestructuraciones profundas. Se reducen procesos repetitivos, se eliminan puestos redundantes, se cierran oficinas que dejan de ser necesarias y se reorganizan departamentos completos en función de las nuevas herramientas. No se trata únicamente de “hacer lo mismo con más tecnología”, sino de rediseñar la organización en torno a las posibilidades que ofrece esa tecnología.
En cambio, en el discurso público la digitalización se presenta casi siempre como una capa añadida: más portales, más aplicaciones, más canales, pero no necesariamente menos pasos, menos organismos ni menos estructuras intermedias. La palabra “eficiencia” aparece, pero pocas veces acompañada de compromisos concretos sobre simplificación o reducción de duplicidades.
El ciudadano, entre el coste y los resultados
Para la ciudadanía, la subida salarial a los empleados públicos tiene dos lecturas simultáneas. Por un lado, la mayor parte de la población reconoce la importancia de contar con profesionales motivados y bien retribuidos en servicios clave: nadie quiere que quienes le atienden en un hospital, un colegio o una comisaría trabajen en condiciones precarias.
Por otro, el contribuyente observa la realidad con una lógica muy sencilla: si paga más —ahora o a futuro—, espera recibir un servicio mejor. Menos trámites, menos tiempo perdido, menos “vuelva usted mañana”, más claridad y más facilidad a la hora de relacionarse con la Administración.
Si la subida del 11 % queda asociada únicamente a mejores nóminas y no se traduce en una mejora visible de la experiencia del ciudadano, el riesgo es claro: que se consolide la percepción de que el esfuerzo recae en el bolsillo de todos, mientras la Administración continúa arrastrando las mismas inercias de siempre.
La gran cuestión, por tanto, no es solo si los empleados públicos “merecen” el aumento —el debate salarial es legítimo y complejo—, sino si el país está dispuesto a acometer, de una vez, la cirugía administrativa que acompaña a cada revolución tecnológica en el sector privado: simplificar, fusionar, eliminar duplicidades y dimensionar el sector público a la altura de las herramientas disponibles.
Por ahora, el acuerdo firmado refuerza salarios, da estabilidad y alimenta el relato de protección del Estado del bienestar. Lo que queda por ver es si servirá como punto de partida para esa reforma más profunda o si, una vez más, la modernización se quedará en la superficie de las palabras.
Preguntas frecuentes sobre la subida salarial a empleados públicos
¿En qué consiste el acuerdo de subida del 11 % para los empleados públicos?
El acuerdo contempla un incremento retributivo acumulado del 11 % hasta el año 2028 para más de tres millones de empleados públicos. La subida se aplicará de forma escalonada a lo largo de varios ejercicios, con aumentos anuales y algún componente vinculado a la inflación, según se vaya concretando en los próximos Presupuestos.
¿Por qué el Gobierno vincula esta subida al refuerzo del Estado del bienestar?
El Ejecutivo sostiene que mejorar las condiciones de quienes trabajan en sanidad, educación, justicia, seguridad, servicios sociales y otros ámbitos esenciales repercute directamente en la calidad de los servicios. El mensaje es que salarios dignos y estabilidad profesional ayudan a retener talento, evitar la fuga a otros sectores y garantizar que la red pública funcione con mayor solvencia.
¿Qué papel juega la tecnología en este nuevo modelo de empleo público?
El Gobierno presenta el acuerdo como parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa. La digitalización, la automatización de trámites y el uso de nuevas herramientas deberían permitir procesos más rápidos y menos burocráticos. La incógnita está en si esa modernización se limitará a incorporar tecnología sobre las estructuras existentes o si servirá también para simplificar organismos, reducir duplicidades y redefinir puestos de trabajo.
¿Por qué se habla de revisar el tamaño del sector público en este contexto?
La implantación masiva de tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización ha llevado a muchas empresas a reorganizarse y ajustar sus estructuras. En el caso del sector público, algunos expertos y voces críticas apuntan que, si la Administración puede hacer más con menos carga manual, sería lógico plantear una revisión del tamaño y la complejidad actual del aparato estatal, en lugar de asumir que el crecimiento debe ser siempre la única dirección posible.
